Estado ¿neutral? en materia moral

Esto me lo mandaron por mail y me pareció muy bueno.

Para pensar un poquito y tratar de no ser ingenuos... Cuando se habla de un estado neutral, en la práctica siempre ha significado un estado ateo y anticristiano. Si alguno no está de acuerdo, acepto correcciones... con ejemplos.


La imposible neutralidad moral estatal

Resumen

Del examen de funciones estatales actuales, surge que su ejercicio está necesariamente influido por cierta visión ética (y antropológica). La idea de una comunidad política moralmente neutra no se adecua a la realidad.

Desarrollo

1. El asunto es si puede existir una política gubernamental neutra en material moral. Ante las múltiples visiones antropológicas y morales que vemos hoy, es lógico preguntarse si es posible (y hasta deseable) un ejercicio de la autoridad en el cual resulte indiferente la concepción moral de los gobernantes. ¿Es posible un gobierno que busque únicamente la provisión de instrumentos asépticos que sean aprovechados por los miembros de la comunidad según sus propias concepciones e inclinaciones? ¿Es indiferente la concepción moral de un gobernante, en la medida que tenga buena voluntad y sea eficaz en el desempeño de su gestión? ¿Alcanza con funcionarios públicos razonablemente consecuentes con sus principios y económicamente honestos? ¿Influye la concepción moral de los gobernantes en la actuación de los gobiernos? ¿Tiene efecto también en el pensamiento y en las costumbres de los gobernados?

2. No se trata del efectivo cumplimiento de las normas morales. Los seres humanos tenemos momentos de mayor o menor inconsecuencia respecto de lo que estimamos como bueno –lo que para los cristianos es un efecto lógico de la herida producida por el pecado original–. Por el contrario, el asunto radica en la influencia en su acción de gobierno de las convicciones morales de quienes detentan la autoridad, aún en el caso de que éstos violen en los hechos los principios que dicen sostener.

3. Dado que nos encontramos frente a una ciencia práctica, resulta útil mirar la realidad y considerar si existen actividades que realizan los gobiernos actuales que suponen una toma de posición ética (y antropológica).

Sin pretender un análisis exhaustivo, ciertos ejemplos de las funciones actualmente ejercidas por el Estado ayudan a responder el interrogante planteado. En concreto:
a. Política educativa. Probablemente es el ámbito donde más influye la concepción sobre la persona. Ésta determina la idea de educación (¿simple instrucción?, ¿socialización?, ¿formación integral?) y, por ende, las habilidades que se busca que logre el educando. Algo similar se puede decir de los contenidos de las asignaturas en particular. Sin entrar a materias especialmente polémicas como la educación sexual, esto se puede ver en la enseñanza de la historia. Los sacrificios humanos aztecas: ¿eran actos religiosos?; ¿eran conductas respetables de una cultura determinada?; ¿eran simples asesinatos?; ¿o eran asesinatos fundados en la idolatría?
b. Promoción de próceres. Se proponen como modelo a imitar aquellas personas cuyo pensamiento y conducta representan cierto modo de pensar y de actuar. En nuestra Patria, San Martín ha significado un referente en cuanto al modo de vivir. La búsqueda de su imitación no es algo moralmente neutro, como tampoco lo es la inauguración de un monumento a Ernesto “Che” Guevara De la Serna.
c. Fiestas. El establecimiento de días de fiesta –feriados o no– tiene una gran influencia. Si son fiestas propias del país, fomentan el patriotismo, que es una virtud moral. Si son fiestas religiosas, favorecen el culto y predisponen a adherir al espíritu festivo. Que sea feriado para todos en Navidad o Semana Santa, no sólo permite cumplir con sus obligaciones a los cristianos que lo deseen, sino que también implica un mensaje para los cristianos con menor compromiso y para quienes no creen en Cristo.
d. Derecho de familia. Este derecho supone un subyacente concepto de familia, de donde se origina las normas que regulan la célula básica de la sociedad. Las conductas obligatorias, permitidas y prohibidas en el ámbito familiar se fundan en la respuesta que se da a las siguientes preguntas: ¿La familia se funda en el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿A quién le corresponde la patria potestad y cuáles son sus alcances?
El concepto de familia también influye en la regulación de la seguridad social, como en el caso de las pensiones que se otorgan a convivientes.
e. Derecho penal. Un índice de lo que se considera moralmente malo en una sociedad es qué se sanciona penalmente y con qué importancia. No se trata de identificar absolutamente delito con inmoralidad. Sin embargo, en todos los casos, se punen aquellas conductas que se estiman malas y, mientras peor se las considera, mayor es la pena.
f. Política fiscal. Mediante este instrumento, el Estado promueve o desalienta actividades. En esta línea, se otorgan exenciones en ciertas situaciones que se quieren favorecer (por ej., uso de sistemas que respetan en mayor medida la ecología) o se gravan especialmente actividades que se estiman inadecuadas a la moral pública (ej., hoteles alojamiento).
g. Subsidios. Se subsidian aquellas actividades que, según la visión de quien decide, benefician a la sociedad o a algunos de sus miembros. Es absurdo pensar que se subsidie a una escuela de asesinos seriales.
h. Aprobación de entidades de bien público. La aprobación estatal de la constitución de entidades del llamado tercer sector, tiene como sustrato cierta convicción de que esas entidades no tienen un objeto explícito que atente contra la moral. Es impensable que se considere de bien público a una asociación de pederastas.
i. Validez y nulidad de los actos jurídicos. El acto cuyo objeto es contrario a la moral siempre ha sido considerado nulo y, por ende, desprovisto del servicio estatal de justicia a la hora de requerir el cumplimiento de sus efectos. Un caso a considerar es la prostitución. Si quienes ejercen la prostitución son trabajadoras sexuales que pueden constituir una entidad gremial, no habría razón para negar acceso a la justicia a un reclamo de cumplimiento de un contrato que tiene la prostitución por objeto.
j. Impedimentos para el ejercicio de ciertas funciones públicas o privadas. No puede ser designado tutor quien “sea notoriamente de mala conducta” (art. 398, inc. 10º, Cód. Civil); en el ámbito público, las cámaras de legisladores pueden remover a uno de sus miembros por inhabilidad moral (art. 66, Constitución Nacional).
k. Derecho laboral. También el derecho laboral incluye una serie de normas que suponen un criterio moral previo. El descanso dominical (no meramente semanal) facilita el ejercicio de las actividades religiosas católicas; la obligación de pagar un salario mínimo descansa en cierta concepción de la justicia; etc.
l. Política sanitaria. Toda la problemática de la llamada “salud reproductiva” tiene una connotación moral innegable.
m. Política cultural. Todos los órganos estatales encargados de cultura promueven ciertas actividades y no alientan otras, siempre con efectos –positivos o negativos– sobre la moral de la población. No es lo mismo promover una exposición blasfema de León Ferrari que restaurar la Basílica de Luján. Aunque en ambos supuestos la razón pública sea motivos de orden cultural, nada tienen que ver los efectos morales que, según el caso, se producen sobre el ciudadano.

4. En todos los ejemplos antes citados, la concepción ética del gobernante influye en el sentido de las decisiones que se toman. Como no se trata de cuestiones moralmente neutras, quien elija tratará de hacer prevalecer su visión del bien humano, dejando de lado lo que estima inconveniente para el hombre. Y no es inocuo para los gobernados. Por el contrario, todos los casos enumerados implican un impacto en su pensamiento y en su conducta.
Podrá decirse que el gobernante no decide en todos los casos según su cosmovisión sino que muchas veces tiene que adaptarse a sus posibilidades y condicionamientos. Sin embargo, en cuanto puede, toda persona actúa según sus convicciones.

5. Es obvio que la concepción moral se vincula estrechamente con la creencia religiosa. Por esa razón no es indiferente que una función sea ejercida por un ateo, un agnóstico o un fiel de una u otra religión.
Como se dijo, en el normal desempeño de su cargo tratará de hacer prevalecer sus criterios morales. Por ejemplo, un musulmán buscará implantar (o, al menos, permitir) la poligamia en el país en el que gobierne.

6. No es irrazonable que muchos personas consustanciadas con el orden social en que viven piensen que la función de gobierno, por estimarla meramente instrumental, es moralmente neutra. En Occidente mismo, la subsistencia de elementos del orden romano-cristiano, hace que no prestemos atención al sistema normativo vigente o a ciertas prácticas gubernamentales que forman parte de nuestro ambiente de vida. Sin embargo, el proceso de descristianización va minando lentamente los fundamentos morales sobre los que se basa ese orden, mientras se van tomando decisiones que deforman o destruyen las instituciones y normas que conforman su entramado externo. Pensar que dichas decisiones son moralmente inocuas, no sólo no se adecua a la realidad, sino que, además, se muestra como una postura ingenua.

La soberanía del pueblo (?)

LA SOBERANÍA POLÍTICA

Pocos conceptos del vocabulario político de nuestro tiempo resultan tan confusos como el término soberanía. La variedad de sus contenidos o significaciones es tal que autores tan dispares como Maritain y Kelsen consideran muy deseable la exclusión de la palabra “soberanía” del vocabulario de la ciencia política; de lo contrario, aumentaría la gran confusión existente.

Por ello es menester aclarar cuál es el sentido correcto de soberanía, distinguiéndolo de las doctrinas erróneas, para finalmente establecer quién es – dentro de la sociedad política – el sujeto propio de la soberanía política.

Origen del término

Soberanía deriva del bajo latín superaneus, “el que está sobre los demás”, “el superior”; del mismo origen es la palabra soberano, por la cual en castellano se designa al rey, emperador o jefe político del Estado. De indicar una relación de posición o lugar (superior-inferior) pasó por metonimia a designar la dignidad, el honor, la autoridad.

Como concepto de la teoría política, lo encontramos en Jean Bodin, el cual formula una doctrina de la soberanía (De la république). Para justificar el carácter absolutista del poder monárquico de su tiempo, Bodin recurre al concepto de soberanía, asignándolo en primer lugar a Cristo como “Señor Absoluto”; de ahí lo deriva al monarca, como representante de Cristo mismo. El autor añade que la soberanía implica tres notas: es absoluta, es inalienable y es indivisible.

Posteriormente, el alemán Althusius y más tarde Rousseau sustituyeron la “soberanía del príncipe” por la “soberanía del pueblo”, fórmula que subsiste hasta nuestros días, con el mismo contenido básico que Rousseau le asignara.

Doctrina liberal

Sobre la base de tales fuentes históricas quedó asentada la doctrina liberal sobre la “soberanía popular”. Rousseau vincula este concepto con otro de su creación “la voluntad general”, o sea la voluntad del pueblo, de la mayoría. Según éste el pueblo pasa a ser la fuente y raíz de todo poder político, de toda autoridad una vez establecido el “pacto social”, irrevocable, mediante el cual se constituye la sociedad política. Las cláusulas del pacto implican esencialmente “la enajenación total de cada asociado, con todos sus derechos, a toda la comunidad; porque, en primer lugar, dándose cada uno por entero, la condición es la misma para todos; siendo igual para todos, nadie tiene interés en hacerla onerosa a los demás” (El Contrato Social) (Otra cita:“con el objeto, pues, de que el pacto social no sea un vano formulario, comprende tácitamente este compromiso, el único que puede dar fuerza al resto: que aquél que rehúse obedecer a la voluntad general, será obligado a ello por todo el cuerpo; lo cual no significa otra cosa sino que se le forzará a ser libre” (Jean Jacques Rousseau, El Contrato Social, I, 7)Sobre la base del igualitarismo así instaurado el pueblo se erige, a través del mito de la voluntad general, en el legislador supremo. El gobierno no es sino el delegado o mandatario destinado a aplicar las decisiones de aquél. En tal carácter, el pueblo es la fuente de todo derecho y de toda norma moral; en consecuencia, puede revocar en cualquier momento la delegación otorgada al gobernante de turno.

La concepción liberal de la soberanía es utópica, contradictoria y nefasta. Es utópica por cuanto se basa en una quimera de pacto originario, históricamente inexistente. Es contradictoria ya que supone que los individuos se asocian libremente, pero a partir de ese instante no pueden revocar lo aprobado. Es aberrante en sus consecuencias: 1) porque disuelve el fundamento de la autoridad; 2) porque desemboca en el despotismo ilimitado del Estado y de la mayoría; 3) porque elimina toda referencia a Dios y al orden natural como origen de la autoridad; 4) porque coloca a la multitud amorfa como base de todo derecho y de la moral; 5) porque favorece la demagogia de quienes aspiran a perpetuarse en el poder.

Soberanía y orden natural

La doctrina del derecho natural nos brinda una orientación muy diferente respecto de la soberanía política, en plena conformidad tanto con los grandes principios del orden social, cuanto con la experiencia histórica de las naciones.

Ante todo debe precisarse el concepto mismo de soberanía. Es ésta un atributo de la autoridad, o sea la facultad por la cual la autoridad política impone mediante la ley determinadas obligaciones a los súbditos. Tal facultad le es inherente en tanto supone por definición una relación de superior a inferior, alguien que manda y alguien que obedece, uno que decide y otro que acata. Resulta claro que el soberano es quien hace la ley; pero esta facultad implica necesariamente no sólo el poder de legislar, sino también el de ejecutar o aplicar la ley y el de administrar la justicia según la misma ley, de acuerdo a la clásica división de funciones ya enunciada por Aristóteles en su Política.

En su sentido propio, soberanía se dice de quien ejerce el poder en la sociedad; así se llamó soberano el rey en las monarquías. Pero, por extensión, y lato sensu, puede calificarse de soberana a toda la sociedad política en su conjunto, la cual incluye a la vez al gobierno y al cuerpo social. Así se habla de “soberanía nacional”, etc. Quede claro, sin embargo, que el poder soberano se ejerce sobre los miembros de un mismo Estado; se ejerce ad intra, o sea, sobre las partes que le están sometidas. Pero no se aplica correctamente a las relaciones entre Estados, pues no puede hablarse correctamente de la soberanía de Bolivia respecto de la Argentina. En este caso, debe hablarse de independencia o autonomía de un Estado respecto de otro; la independencia se ejerce ad extra, hacia el exterior.

Por lo expuesto se ve que la soberanía no implica de ningún modo la idea de una libertad o autonomía absoluta, cual la postula el liberalismo, como capacidad de autodeterminación de la multitud por sí misma. Tal concepto no rige siquiera para quien ejerce la autoridad pública, pues la facultad de dictar leyes está regulada por las exigencias del bien común nacional y por la misma ley natural. Soberanía, por tanto, no es sinónimo ni de potestad absoluta e indiscriminada, ni de arbitrariedad. Por ello la idea de una soberanía popular es un absurdo total, pues la multitud como tal no puede gobernarse a sí misma. Para lograrlo, tendría que mandarse y obedecerse a sí misma, lo cual es incongruente. La hipótesis del pueblo legislador nunca se verificó históricamente, ni podrá darse jamás, como lo resume claramente Zigliara: “Sólo puede poseer la soberanía quien es capaz de ejercerla, pues el poder está esencialmente ordenando al gobierno de la sociedad. La multitud es inepta para gobernarse. Por lo tanto, la multitud no puede poseer la soberanía” (Summa Philos., De auctoritate sociale, XII)

Sujeto de la soberanía

Igual doctrina sustenta León XIII sobre el origen del poder político: “Muchos de nuestros contemporáneos marchamos sobre la huella de aquellos que en el siglo pasado se atribuían el nombre de filósofos, dicen que todo poder viene del pueblo, de suerte que aquellos que lo ejercen en el Estado no lo hacen como algo que les pertenece, sino como delegados del pueblo que puede quitárselo. Los católicos tienen una doctrina diferente, hacen descender de Dios el derecho de mandar, como su fuente natural y necesaria. Importa, sin embargo, destacar aquí que aquellos que deben estar a la cabeza de los asuntos públicos pueden, en ciertos casos ser elegidos por la voluntad de la multitud, sin que contradiga ni repugne la doctrina católica. Esta elección designa al príncipe, pero no le confiere los derechos del principado. La autoridad no es dada, sino que se determina solamente quién debe ejercerla” (Diuturnum illud).

En síntesis: La autoridad es necesaria en toda sociedad política, por una exigencia del orden natural emanado de Dios, fuente de toda razón y justicia. La soberanía es el atributo esencial de la autoridad, la cual gobierna al pueblo no como delegado o mandatario de éste, sino como procuradora del bien común temporal y en el respeto de la ley natural, base de todo el derecho positivo

La democracia

Este artículo es el primero de una serie de artículos que publicaremos, tomados de "El orden natural" de Carlos Sacheri. Surgió la inquietud de tratar estos temas a raíz de una serie de conversaciones mantenidas con personas de diversa edad, educación, trabajo y condición. En esas conversaciones me dí cuenta cuán profundo han entrado en nuestra vida, en nuestra mente, las ideas liberales democráticas que no están precisamente de acuerdo con un modo de pensar verdaderamente católico.

LA DEMOCRACIA

Uno de los temas más candentes, tanto de la ciencia como de la práctica contemporánea, es el relativo al régimen o sistema democrático. La vehemencia de las discusiones deriva de la constatación del fracaso universal de las democracias modernas, en las cuales los respectivos pueblos habían cifrado sus más vehementes anhelos de prosperidad y de paz. Resulta paradójico, en efecto, observar el vigor con el cual las naciones modernas han adoptado por doquier el sistema democrático como el mejor (y hasta el único) medio de gobierno político, cuando por otra parte, esos mismos pueblos padecen frecuentes crisis en el plano institucional y hasta erigen en jefes con grandes atributos, a líderes de fuerte personalidad.

La situación de crisis de las democracias requiere una revisión de los principios mismos del sistema, para descubrir si las fallas observadas son inherentes al mismo o si, por el contrario, son debidas a una aplicación deficiente del régimen.

El equívoco democrático

En primer lugar ha de esclarecerse cuál es el plano en que se sitúa el problema de la “democracia”. Un error muy difundido hoy asimila indebidamente la democracia como forma de gobierno y como forma de vida; así se oye hablar de un “estilo de vida”, de “valores” y de “espíritu democrático”. Tales expresiones son muy equívocas y generan innumerables errores.

La democracia es una forma de gobierno, esto es, un sistema o régimen del poder en la sociedad política. Es una de tantas, con sus ventajas y sus limitaciones, sus modalidades y adaptaciones más o menos adecuadas a las necesidades y tradiciones de los pueblos. Por ello, concebirla como una forma o estilo de vida implica una deformación grave de su naturaleza y alcances reales.

Lamentablemente, se usa y abusa del término democracia, hasta hacerle revestir los significados más contradictorios. Así los comunistas calificarán de “democracias populares” a las tiranías soviéticas, mientras regímenes plutocráticos occidentales se presentarán como abanderados de la democracia. Otros hablan de la democratización de la enseñanza, de la cultura, de la Iglesia, o de la empresa, etc., aumentando la confusión existente. Para no incurrir en errores análogos debemos distinguir,: 1) la democracia política o república en el sentido formulado por Aristóteles, Santo Tomás y la doctrina social católica; 2) el democratismo o mito pseudorreligioso de la democracia, formulado principalmente por Rousseau y el liberalismo político; 3) la democracia como caridad social hacia los sectores más necesitados (así habla León XIII de “democracia cristiana” en Quod Apostolici Muneris). Nuestra atención se concentrará en la distinción entre el sentido legítimo y el ilegítimo de “democracia”.

Democratismo liberal

La concepción más corriente de “democracia” hoy por hoy es heredera directa del democratismo liberal, expresado por J. J. Rousseau en su “Contrato Social”. Veamos sus tesis principales.

La democracia no es una forma de gobierno entre otras, sino “la” forma mejor y única legítima, absolutamente hablando. El mito democrático erige a la multitud en suprema fuente de toda autoridad y de toda ley, lo cual desemboca en un panteísmo político (ya no es Dios la fuente de toda autoridad, sino el pueblo divinizado). Las doctrinas liberales de la soberanía popular, la voluntad general, el sufragio universal, la necesidad de los partidos políticos, el slogan “libertad – igualdas – fraternidad”, son expresiones de la democracia-mito. La misma definición de Lincoln “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” está viciada de liberalismo, pues la clave está en la expresión “por el pueblo”; para el liberalismo es todo el pueblo quien gobierna como único soberano y la autoridad no es sino la mandataria o delegada por la multitud. Esta puede revocar su mandato en cualquier momento e investir a otra persona con el poder. Por otra parte, la multitud tiene un derecho de control sobre todos los actos de gobierno.

Tal concepción de la democracia coincide con la “democracia pura” que Aristóteles y Santo Tomás han denunciado como forma corrompida. “Si el gobierno inicuo es ejercido por muchos se le llama democracia, es decir, dominación del pueblo, cuando, valida de su cantidad, la plebe oprime a los ricos. Todo el pueblo llega a ser, entonces, como un único tirano” (De Regno, I., c. 1). Esto es debido a que en la democracia pura, gobierna todo el pueblo, en cuyo caso los más pobres se imponen por la sola razón de su número a todos los demás grupos sociales. En su forma pura, la democracia está centrada en los valores de libertad e igualdad como fines supremos; esto conduce a un igualitarismo puramente cuantitativo, pues todos han de ser igualmente libres en todo sentido. Con lo cual se establece una nivelación por lo más bajo, según una igualdad aritmética que tiende, por su propia dinámica, a un igualitarismo de los bienes económicos, por ser los inferiores.

Por lo expuesto, no ha de extrañar que la democracia “pura” tienda por un lado a la demagogia y por otro, al socialismo y al comunismo. A la primera, por cuanto la multitud-gobernante rechaza toda obediencia y toda exigencia, desembocando en una anarquía en la cual solo triunfan los demagogos o aduladores. Al socialismo comunista, por cuanto el igualitarismo por lo bajo, enemigo de toda diferenciación, configurará “una colectividad sin más jerarquía que la del sistema económico” (Divini Redemptoris); en la cual la libertad puramente formal del ciudadano-masa será sacrificada en aras de la igualdad absoluta.

Democracia y orden natural

Si la “democracia pura” es una forma corrompida de gobierno y si la mentalidad moderna está viciada por el mito democratista liberal que es la expresión de aquella ¿cabe concebir una democracia sana?

La doctrina del orden natural responde afirmativamente, a condición de evitar los errores antes denunciados. La democracia no ha de ser definida como gobierno de todo el pueblo – cosa utópica – sino como régimen en el cual el pueblo organizado tiene una participación moderada e indirecta en la gestión de los asuntos públicos.

Para su instauración han de respetarse los siguientes requisitos:

1) Como toda forma de gobierno, la democracia moderada tiene por fin supremo el bien común nacional y no la libertad ni la igualdad;

2) No es ni la mejor ni la única forma legítima de gobierno, pero puede ser la más aconsejable en ciertos países, según las circunstancias;

3) Para existir debe contar con un pueblo orgánico y no una masa atomizada e indiferenciada; ello supone el respeto y estímulo a los grupos intermedios según los principios de subsidiaridad y solidaridad;

4) De ningún modo es el pueblo el soberano, sino quien ejerce la autoridad, derivada de Dios como de su fuente suprema. La autoridad ha de ser fuerte, al servicio del cuerpo social y respetuosa del orden natural; y no un mero mandatario o delegado de la multitud;

5) La democracia ha de basarse en el respeto de la ley moral y religiosa, que han de reflejarse en la legislación positiva. El orden natural es la fuente de toda ley humana justa.

6) La participación popular ha de ser moderada e indirecta para que haya democracia orgánica. Moderada por cuanto no puede basarse en el sufragio universal igualitario del liberalismo (que es injusto, incompetente y corruptor), sino en una elección según niveles de competencia reales en el elector y el elegido. Indirecta, por cuanto el pueblo puede determinar quienes han de ejercer el poder, pero no gobernar por sí mismo;

7) Ha de evitarse el absolutismo del Estado actual, que erige a este en fin, mediante la representación orgánica de los grupos intermedios políticos, económicos y culturales;

8) Ha de contar con una verdadera élite gobernante que se destaque por sus virtudes intelectuales y morales.

Tales son las exigencias básicas de una democracia sana para el mundo de hoy.